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Expertos juristas analizan la nueva curatela y sus implicaciones legales en el curso organizado por Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos

Se cumplen dos años desde la aprobación de la Ley 8/202, una nueva normativa que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con motivo de este aniversario, Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos han convocado a importantes juristas en materia de discapacidad para analizar su implantación y desarrollo.

Antes de la implementación de esta ley, un juez tenía la facultad de determinar que una persona con discapacidad intelectual o física no estaba en condiciones de ejercer sus derechos legales y, por tanto, se designaba un tutor para que tomara las decisiones en su nombre. Sin embargo, con la nueva normativa, la tutela se sustituye por medidas de apoyo como la curatela y el defensor judicial, que son menos restrictivas y permiten a las personas con discapacidad tener mayor control sobre su vida.

“El objetivo es, en primer lugar, dar a conocer sus derechos a las personas con discapacidad, pero también a los profesionales que trabajamos en este campo”, explica Javier Pallarés, profesor de Derecho de la URJC y codirector del curso junto con Montserrat Pereña. “La convocatoria ha tenido un gran éxito, se han inscrito más de 150 personas de toda España, hay alumnos que han venido desde Valencias, Baleares o Canarias”.

Algunas de las aportaciones más interesantes del curso fueron las siguientes:

La catedrática de la Universidad de Valladolid, Cristina Guillarte animó a dirigir el apoyo a proteger los derechos de las personas con discapacidad, no a proteger a la persona en sí.

Por su parte, José Ramón de Verda y Beamonte, catedrático de la VIU – Universidad Internacional de Valencia, realizó un magnífico análisis sobre la guarda de hecho, introduciendo el controvertido tema sobre si las personas jurídicas pueden ser o no guardadoras.

La fiscal de la Unidad Coordinadora de la Atención a las Personas con Discapacidad y Mayores (FGE), Avelina Alía Robles, demostró la importancia del buen trato y respeto que se ha de tener con la persona con discapacidad, en la comparecencia judicial para la adopción de las medidas de apoyo.

Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala I del Tribunal Supremo, advirtió de los riesgos de confundir al guardador con el cuidador y nos invitó a abandonar una mentalidad rígida en la prestación de apoyo ya que, a su juicio, las instituciones nuevas son flexibles y pueden solaparse unas con otras.

Para Sofía de Salas, catedrática de la Universidad de Zaragoza, el principio del respeto a la voluntad no puede llevar a la persona a un modus vivendi que le prive de los parámetros de la dignidad humana.

La profesora de la Universidad de Salamanca, Esther Torrelles, tras hacer un recorrido prodigioso por el derecho alemán, el derecho común y el catalán, advirtió de la existencia de una laguna axiológica, dada la existencia de normas en la Ley de Autonomía del Paciente, que chocan con la regulación actual del Código Civil.

Por último Sara Toledano Márquez, directora técnica de Fundación Manantial, dando voz al sufrimiento psíquico, identificó la salud con la autodeterminación y animó a abandonar el modelo biomédico para ofrecer apoyo en los determinantes sociales de la salud mental.